Abordar el fenómeno de la inmigración irregular en la UE desde el
cierre de fronteras, la criminalización y la represión, es un enfoque
equivocado que nos puede conducir a la pérdida de la potencialidad existente en
el mismo a niveles sociales, económicos y de desarrollo, además de inducir
hacia el racismo y la xenofobia. Si realmente queremos evitar esta situación,
Europa debe superar el concepto de “status jurídico y administrativo” de su
población de origen inmigrante y proteger los derechos humanos y las normas
laborales de todos, independientemente del mismo. La fuerte necesidad de
emigrar de algunas poblaciones y la ausencia de canales legales para hacerlo
son los dos motivos fundamentales que siempre van a sustentar la inmigración
irregular, por lo que debemos articular mecanismos de actuación coordinados y
eficaces dirigidos a evitar la explotación de estos trabajadores que se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, reforzando las políticas
sociales, la aplicación de las normas laborales y la integración, así como
priorizando la prevención y la lucha contra la explotación, reforzando los
canales de migración regular y posibilitando el acceso a status jurídicos de
legalidad a los inmigrantes sin papeles.
Uno de los objetivos de este PODEMOS es el de elaborar propuestas para conseguir condiciones de trabajo dignas
y en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores, para los
inmigrantes en situación irregular, el aseguramiento de salarios justos y del
acceso a los sistemas de protección social. Igualmente, la proposición de
estrategias en el ámbito del Desarrollo, planteando alternativas de Comercio Justo
que podrían desarrollarse conjuntamente con otras organizaciones. Propuestas
que deberían orientar la actuación futura de la UE y su compromiso con los
inmigrantes indocumentados, combatir la explotación laboral y garantizar la
protección de sus derechos laborales y sociales. Una situación regular o
irregular no es una condición jurídica definitiva, y de hecho, ciertos
inmigrantes legales modifican su situación hacia la irregularidad por caducidad
de sus permisos mientras que otros acceden a la regularización por modificación
en sus condiciones de residencia y/o trabajo. Debemos defender el acceso a la
regularización como la mejor manera de evitar la “segregación de derechos” y el
mantenimiento de diferentes status de trabajadores en el ámbito de la UE.
Tenemos una inmigración fundamentalmente económica.
Conseguir el respeto de sus derechos laborales y sociales debe ser un objetivo
de primer orden en las agendas de las UE, de los gobiernos, de sus sindicatos y
de las organizaciones sociales. Europa se debate entre los dictados de su
tradicional modelo de Estado Social y el respeto a los derechos humanos, que
aún siendo inalienables y fundamentales ahora no son “absolutos”, ante la
libertad de empresa y la necesaria competitividad, el resurgir del racismo y la
xenofobia como producto de la escasez de empleo, la desigualdad y la falta de
integración real de los inmigrantes y la incapacidad para gestionar y asumir la
nueva identidad colectiva diversa de la población europea. La segmentación del
mercado de trabajo en múltiples categorías de trabajadores adscritos a un
rompecabezas de directivas dirigidas a facilitar la movilidad y el ahorro de
las empresas en costes laborales, que resta derechos fundamentales a los
trabajadores migrantes y fomenta el dumping laboral y social entre los propios
europeos.
