Hay reglas sociales fundamentales
que no se pueden transgredir: no se puede dialogar o pactar con quien no
practica lenguaje alguno, sea del idioma que sea, como tampoco se puede jugar a
las cartas, sea al juego que sea, si no respeta las reglas comúnmente
establecidas para el mismo. Por muy duro que nos resulte, y de una manera mucho
más compleja, esa situación se ha vuelto a dar en este país después de cuarenta
años.
Sin entrar a valorar la
Constitución que una aplastante mayoría de españoles votamos y acogimos
favorablemente hace treinta y seis años, es el lenguaje del que nos dotamos
entonces, la regla de nuestro juego democrático. Cambiar tan solo una coma de
la misma implicaría un referéndum al pueblo español, y bien lo justifican así
los que se oponen al “derecho a decidir” de los catalanes. Aprovechar la
mayoría de los dos tercios de la Cámara por los dos grandes partidos
mayoritarios para cambiar la Constitución priorizando el pago de la deuda
externa sobre todos los demás derechos que otorga el tratado, es dejar de
hablar al pueblo, significa romper las reglas. Y esto se ha producido. Gobernar
a golpe de Decreto-Ley en las reuniones de los viernes del Consejo de
Ministros, con la premeditación y alevosía que muestran los hechos de un BOE
sabatino que repetidamente hace templar al pueblo español, es dejar de hablar
al pueblo, significa romper las reglas. Cambiar el número de diputados de una
jurisdicción electoral para favorecer a un partido político y perjudicar a los
demás, es dejar de hablar al pueblo, significa romper las reglas. Saltarse el
compromiso adquirido por nuestro país en los acuerdos y tratados
internacionales, para esquivar o favorecer, sumar o restar derechos para unos o
para otros, es dejar de hablar al pueblo, significa romper las reglas.
Por muy duro que nos resulte, se han roto las
reglas de nuestro juego democrático, que no sólo implicaba meter una papeleta
en urna cada cuatro años. Siendo importante este hecho, las reglas democráticas
del juego estaban en la participación, la co-responsabilidad del pueblo y el
respeto a los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Tener que apelar
a observadores externos de la OCDE para proteger el básico derecho de
manifestación del pueblo español, por dar un ejemplo, significa que no hay
participación por los cauces establecidos, ni co-responsabilidad, ni respeto a
los derechos fundamentales.
Es inútil tratar de dialogar o
llegar a acuerdos con “lo” que no habla y ejecuta, y de esto las mujeres
sabemos mucho, como es inútil tratar de jugar un juego en el que previamente
“algo” ha roto la baraja. Esto lo saben siempre los pueblos.
